En el Canadian Journal of Psychiatry, Dembo y colaboradores revisan algunos argumentos opuestos a ampliar esta opción a personas con enfermedad mental grave y critican los que se basan en criterios que tildan de paternalistas y que prejuzgan que este colectivo carece de la capacidad de solicitar esta medida por razón de su enfermedad. Los autores plantean que una negativa global al acceso al suicidio asistido podría ser anticonstitucional y reclaman que la capacidad de valore de forma individualizada.